Nos alegramos cuando el ministro de alimentación, Carlos Osorio, dijo hace pocos días que el abastecimiento de alimentos está asegurado hasta las elecciones, porque el objetivo del Gobierno es tener existencia de diversos rubros, a costa de lo que sea. Lo que siempre hemos criticado es que ese inventario existe a costa del sector
productivo nacional.
La práctica del Ejecutivo de tener existencia por tres meses no es nueva, puesto que desde el pro del 2002 y 2003, el Gobierno buscó la manera de tener almacenados los diversos rubros.
Y la política del Ejecutivo en este sentido es tan efectiva que se ha destinado para alimentos más de 10,5 millardos de bolívares, otorgando subsidios a los productos de Mercal entre 71% y 81%, además de que el porcentaje de ahorro en las redes de Pdval y Abasto Bicentenario es de 15%. Hemos resaltado que las misiones sociales del Gobierno son buenas, porque le mantienen en alta aceptación y para ello destina recursos millonarios, como revelan las propias cifras oficiales. Tanto es así que, contrariamente a lo que dicen los críticos del Gobierno, 96,2% de la población consume tres o más comidas diarias.
¿Pero qué hay del sector productivo nacional? Es una pregunta que nos hacemos desde hace años. Las importaciones están dañando al sector privado y estos daños pueden ser irreversibles si no se pone en práctica medidas para su recuperación.
Cifras del Gobierno indican que el Estado es responsable de 62,2% de la existencia de alimentos en el país, porque cuenta con 119 plantas agroindustriales, 52% del acopio de materias primas y 22 mil puntos de venta en todo el territorio nacional. Esto ocurre, a pesar de que la distribución proviene de las importaciones masivas que el propio mandatario prohibió en algún momento, pero que sus ministros no han obedecido, ocasionando un daño casi irreparable para el sector privado.
Lo ideal es que la política económica del subsidio para los sectores populares venga acompañado de estímulos para los que producen en el país. La semana pasada celebramos que el Gobierno haya anunciado el diálogo con los sectores para saber qué hacer, ahora que Venezuela forma parte del Mercosur. Pero ese diálogo debe ser rápido y con disposición del Ejecutivo de escuchar a los afectados que más que quejas tienen las soluciones a los problemas.
Este año electoral se ha prestado para que el Ejecutivo mantenga su política de lanzar más dinero a la calle, sobre todo para que haya una sensación de bonanzas que no termina de cuajar, porque la inflación está acabando con esa sensación. Dentro de poco tiempo entrará en vigencia la segunda porción del aumento de sueldo decretado antes de
mayo y se espera que la inflación no se coma ese aumento, como está ocurriendo actualmente. Los cambios en los precios de productos son increíbles quincena tras quincena y eso no se puede ocultar.
El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, ha asegurado hace pocos días que a su juicio la economía del país está en una fase “expansiva y de crecimiento positivo”. Así las cosas, Merentes afirma que la inflación terminará por debajo de 20% este año, cuando en el presupuesto nacional se previo en un máximo de 25%.
Citamos expresamente lo que dijo Merentes: “Si a esto añadimos que el PIB también debe cerrar con un crecimiento superior al 5%, con la salvedad de que la pobreza crítica ha disminuido y el poder adquisitivo de los venezolanos es mayor, se puede asegurar que estamos en una fase expansiva y de crecimiento positivo”.
Esperamos que este pronóstico se cumpla, por el bien del país. Pero también quisiéramos que se cumplan otras premisas, como la del estímulo, cese de controles, ajuste de precios, aceleración de los permisos, pago de deudas y asignación de divisas, todo ello para que el sector productivo arranque y eche a andar la rueda de la economía.